La apropiación de centenares de
niños durante la dictadura militar
no podría haberse consumado
sin la participación de influyentes
sectores de la sociedad civil.
En esa complicidad hay que
incluir a los profesionales de la
medicina –médicos, parteras,
enfermeros- que intervinieron
en la atención de los partos, a
los funcionarios de los registros
civiles que confeccionaron
actas de nacimiento falsas, a
jerarcas de las iglesia Católica,
a los más importantes medios
de comunicación, a dirigentes
políticos y sindicales, a
empresarios y a los jueces
que hicieron la vista gorda
o directamente fueron un
engranaje más de esa maquinaria
de perversión que todavía
sigue funcionando en plena
democracia. Los tres artículos
que aquí se transcriben –entre
otros- fueron escritos por quien
suscribe esta nota en 1988 y 1991
y en ellos se pone de manifiesto
la actitud de los jueces que
tenían en sus manos las causas
sobre la apropiación de aquellas
criaturas. A treinta y cuatro años
del inicio del plan sistemático del
robo de bebés, los jueces que
tienen en sus manos las causas
de niños apropiados siguen
siendo el principal obstáculo para
que la Verdad y la Justicia lleguen
de una vez por todas. El caso de
los chicos robados por Ernestina
Herrera de Noble es todo un
símbolo de la impunidad
Los niños apropiados y la complicidad de los jueces
Por Juan Carlos Martínez
NIÑOS
Mario Benedetti decía no hace
mucho tiempo que más temprano
que tarde, tanto en Uruguay como
en la Argentina las críticas a las sangrientas
dictaduras de ambos lados
del Plata y la defensa de los derechos
humanos iban a comenzar a constituir
ciertos riesgos para quienes, poseedores
de una buena memoria, no
estuviesen dispuestos a olvidar tan
ominosos capítulos.
En el caso argentino, el ostracismo
al que poco a poco ha sido condenado
el tema de los derechos humanos
y las personas que trabajan por
esa causa –como le ocurre a Adolfo
Pérez Esquivel- parecieran reflejar
parte de aquella premonición del escritor
uruguayo.
Otro testimonio no menos elocuente
se encuentra en la falta de una
clara voluntad política del Estado
para ayudar a las Abuelas de Plaza de
Mayo a recuperar a los centenares de
niños que permanecen en manos de
sus usurpadores, todos ellos miembros
de las fuerzas armadas y de otros
organismos de seguridad o de personas
ligadas a la represión.
La inquietud de las Abuelas acaba
de reflejarse en un documento que
han hecho público para manifestar
su “profunda preocupación porque
después de más de diez años de la
desaparición de centenares de niños,
el Estado continúa sin implementar
su búsqueda y restitución”.
A la falta de una decisión política
–de la que se excluyen algunos funcionarios
sensibles al problema- se
suma como elemento negativo la actitud
de muchos jueces que, por sus
vínculos ideológicos con la dictadura,
desarrollan los procesos judiciales
con total y absoluta parsimonia y, en
no pocos casos, confundiendo a la
víctima con el victimario.
Pero hay algunos jueces como
Juan Ramos Padilla, por ejemplo,
para quien el caso de los niños secuestrados
forma parte de un capítulo
que permanece como una herida
abierta en la propia conciencia de la
sociedad argentina.
“Están en juego aquí –ha dicho
en un reciente fallo de restituciónlos
derechos y garantías humanas de
los niños; el derecho a la vida en dignidad;
a evitar que alguien indefenso
sea despojado de su singularidad como
persona; el derecho inalienable
de cualquier individuo a conocer la
verdad de su propia historia y a crecer
entre los suyos; y los derechos de
éstos a tener en el seno familiar a sus
indefensos descendientes”.
Después de una larga década de
angustiosa búsqueda de sus nietos
por todos los rincones del país, las
Abuelas siguen repitiendo las mismas
palabras que desde el primer día
dirigieron a la conciencia de todos:
“Ayúdennos a encontrarlos”.
En verdad, mientras esos niños
permanezcan en poder de sus usurpadores,
nadie podrá negarles a estas
mujeres el derecho a denunciar en
los foros internacionales que en la
Argentina todavía queda un largo camino
para alcanzar la plena vigencia
de los derechos humanos.
(El Regional Económico, Cipolletti,
Río Negro, 1º al 8 de julio de 1988)
HISTORIA OFICIAL
Una delegación de docentes primarios
de la Universidad de Stanford,
Estados Unidos, que visitó las
provincias de Buenos Aires, Córdoba
y Río Negro, estuvo dos días en
Cipolletti. El viaje tenía por objeto
conocer las características sociales y
geográficas de la región, todo lo cual
serviría para reunir material didáctico
para las escuelas en las que trabajan
los educadores que nos visitaron.
Dos docentes que integraban el
contingente –Sonia y Carol Eber- se
mostraron interesadas en recopilar
datos e impresiones acerca de los
derechos humanos y la libertad de
prensa durante los años de la dictadura
y su evolución en el actual período
democrático.
En una visita de varias horas que
realizaron a uno de los más antiguos
diarios de la capital federal, las docentes
norteamericanas plantearon
su inquietud acerca de la libertad de
prensa y preguntaron si en los años
de la dictadura, los militares habían
impuesto algún tipo de censura.
“Nos dijeron que no, que había
más censura durante los últimos
años del gobierno peronista”, reveló
Eber.
“También nos dijeron que durante
el gobierno militar, ellos no tenían
miedo de publicar cualquier cosa y
que si se empleaban palabras buenas,
se podía publicar todo”, agregó la docente
norteamericana.
Al hacer referencia a los 93 periodistas
desaparecidos en esos años,
les dijeron que ninguno de ellos pertenecía
al cuerpo de redacción de ese
diario, de lo cual se sentían orgullosos,
según el testimonio de Sonia.
Carol preguntó acerca de los derechos
humanos, concretamente sobre
los niños desaparecidos y le contestaron
que todos eran huérfanos, y
que era “una buena cosa” que habían
hecho las personas que se quedaron
con las criaturas.
Cuando las dos docentes yanquis
pidieron aquí una opinión sobre ambos
temas, además de brindárseles
una versión totalmente distinta, se les
sugirió la lectura del libro NUNCA
MÁS, que en el capítulo dedicado a
los niños expresa, entre otras cosas
…”No fue a causa de la casualidad
o por error que es tan alta la cantidad
de víctimas en proporción a los
profesionales que integran el sector;
además de afectar con este ataque al
vasto campo de la cultura, siempre
vistas con recelo por las dictaduras,
es evidente que se apuntó a silenciar a
un grupo social de gran importancia
para evitar de raíz todo tipo de cuestionamiento
público” (P.367).
En cuanto a los niños, se les recomendó
la lectura de la página 299,
donde se lee: “los represores que
arrancaron a los niños desaparecidos
de sus casas o de sus madres en
el momento del parto, decidieron la
vida de aquellas criaturas con la misma
frialdad de quien dispone de un
botín de guerra”.
Las docentes norteamericanas
que visitaron La Nación –que de ese
diario se trata– habían escuchado
allí un nuevo capítulo de la historia
oficial argentina escrito por los Mitre.
(El Regional Económico, Cipolletti,
Río Negro, 15 al 22 de julio de 1988
AMADOS NIÑOS
La actuación de los jueces que
han intervenido en los juicios por
restitución de niños robados durante
la dictadura militar es una buena
referencia para saber hacia dónde
soplan los vientos de la Justicia en la
Argentina.
El ejemplo que ofreció Aníbal
Ibarra al abordar el caso Miara se
repite con la mayoría de los chicos
reclamados por las Abuelas de Plaza
de Mayo.
A través de la lectura de los expedientes
uno tiene la sensación de
estar transitando por los laberintos
de un mundo surrealista.
Los argumentos suelen ser tan
absurdos que al final de cada historia
el acusado se convierte en acusador,
la víctima en victimario y el
querellado en querellante.
Tal es la deformación interpretativa,
que hasta se dice que el verdadero
amor a esos niños no hay que
buscarlo en quienes han sido despojados
de ellos sino en quienes se los
llevaron como trofeos de la guerra
sucia.
Los razonamientos de jueces,
letrados de los usurpadores o psicólogos
del Patronato de Menores
suelen coincidir con aquella perversa
explicación que dio Camps para
justificar el robo de los hijos de desaparecidos:
“Los subversivos educan
a sus hijos para la subversión y
eso hay que evitarlo, sacándoselos”.
El mismo Camps confesó que a
él le correspondían cinco mil medallas
por otros tantos crímenes y con
la misma frialdad admitió haber repartido
niños como si se tratara de
adornos para arbolitos de Navidad.
Gracias al espíritu piadoso de
Menem, el carnicero de Buenos
Aires y el resto de los genocidas podrán
celebrar, el 30 de este mes, el
primer aniversario de la legalización
de la impunidad en este país.
Las Abuelas, en cambio, no han
podido penetrar en la sensibilidad
del presidente para que los mellizos
Reggiardo-Tolosa reciban el Año
Nuevo junto a sus legítimos familiares.
Menem no tolera que una ley
pueda demorar un año en el Parlamento
y como la razón de Estado es
más importante que el estado de la
razón, a fuerza de decretos y decretazos
para por encima del Congreso
para indultar masivamente a los asesinos,
para ir a la guerra contra sus
hermanos árabes o para impulsar el
rumbo económico que determinan
los amos del Norte.
Pero el presidente no se impacienta
ni se conmueve frente a los
centenares de niños –sus “amados
niños”- quienes desde hace quince
años permanecen en calidad
de rehenes porque la Justicia sigue
dando la espalda a tan vergonzante
realidad.
(Página 12, diciembre de 1991)
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