La denuncia la hizo la Asociación
Anahí contra los jueces
Wagner Gustavo Mitchell, actual
miembro de la Cámara Nacional de
Casación Penal de la Nación, y Jorge
Martínez Sobrino, actual juez de Cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal número 6, y el secretario
José Domingo Allevatto, abogado,
quien se desempeñó como titular de
la Secretaría tutelar del referido juzgado.
La denuncia también fue suscripta
por Clara Petrakos, Paula Logares,
Genoveva Dawson de Teruggi, Rosaria
Isabela Valenzi, Mirta Baravalle
(querellantes en la causa contra Videla,
Nicolaides, Riveros y otros por
apropiación de niños).
Los querellantes son patrocinados
por el abogado Alejo Ramos Padilla
juntamente con la Secretaría de
Derechos Humanos de la Provincia
de Buenos Aires representada por
Sara Derotier de Cobacho.


GRAVE SITUACIÓN
INSTITUCIONAL
En el escrito presentado ante el
Procurador General de la Nación,
Esteban Righi, los denunciantes expresan
que de conformidad con los
artículos 82, 174, siguientes y concordantes
del Código Procesal Penal de
la Nación, formulan la querella criminal
reclamando la inmediata intervención
de los distintos poderes
del Estado.
Luego señalan que “en ese contexto
y al margen de la necesaria
intervención que oportunamente
tendrá el Consejo de la Magistratura,
es necesario que se adopten los
recaudos para evitar que el magistrado
denunciado siga disponiendo
de las pruebas que lo comprometen
y eventualmente se produzcan otras
sustracciones o destrucciones de
documentos de indiscutible eficacia



INTRODUCCIÓN PREVIA
Más adelante, el documento dirigido
a Righi sostiene que “este expediente
es la demostración de la complicidad
judicial –que aún existe- con
el sistema perverso establecido para
consolidar la apropiación de niños,
mediante el robo de su historia, su
origen e identidad y la entrega a los
“apropiadores” a través de un marco
de “supuesta legalidad judicial”.
Y agrega: “La gravedad institucional
que reviste el caso puede sintetizarse
del siguiente modo: Existen
magistrados que en la actualidad
juzgan su propia participación en el
robo de niños, entre ellos el Dr. Jorge
Martínez Sobrino, a cargo del juicio
que debe examinar, nada más ni nada
menos, que la existencia de un plan o
una práctica sistemática de robo de
bebés; y un miembro del más alto tribunal
penal de la Nación que bien podría
intervenir en las vías recursivas”.
Sostiene que “en este sentido en la
comisión de los crímenes de lesa humanidad,
de los que forman parte las
acciones que perjudicaron a los más
de 500 niños robados, participaron
muchos funcionarios y magistrados.
Es que esta clase de delitos tiene como
característica fundamental y distintiva,
que sólo pueden ser cometidos
por los representantes del Estado
y/o con la complicidad de éste. En el
caso concreto, veremos, que para
obtener y llevar adelante las apropiaciones
y consolidar los despojos y la
impunidad se recurrió a la actividad
y complicidad de algunos magistrados
del Poder Judicial de la Nación de
entonces. Sin embargo, el problema
es aún más grave, y hasta escandaliza,
porque recuperada nuestra democracia
y el necesario respeto por los
derechos humanos, nos percatamos
de esta insólita situación donde los
mismos magistrados que fueron
participes de aquellos hechos, en vez
de haber sido juzgados y condenados
por haber generado tanto dolor,
fueron ascendidos a las más altas
magistraturas del Poder Judicial, y
al mismo tiempo se transforman en
jueces de sus propias acciones y de la
actividad de sus cómplices, lo que se
desarrolla en un ambiente de silencio
por parte de la denominada “corporación
judicial” que parece no tener
límites”.
Y continúa: “Es el caso concreto
del Dr. Martínez Sobrino que,
en los próximos meses, y en el rol
de juez, pretende llevar adelante el
juicio más importante en materia
de robo de niños, cuando debería
haber sido juzgado por las acciones
que lo tuvieron como participe y que
forman parte del objeto procesal de
esa causa. La situación es macabra y
resulta inexplicable para las abuelas,
nietos, familiares que formulan esta
presentación y estamos convencidos
que también para la sociedad en general
que reclama transparencia en
la justicia.
Sabemos de la gravedad institucional
que tiene la denuncia que
formulamos y del desprestigio que
estos jueces generan al Poder Judicial
y al buen funcionamiento del sistema
democrático, pero estamos convencidos
de que existen jueces y funcionarios
que pretenden que se termine
con este sistema de complicidades y
encubrimientos, especialmente el de
aquellos que desde el Poder Judicial
han participado en los hechos de terrorismo
de estado que tanto daño
nos han causado.
Es, por otro lado, una verdad incontrastable
para el pueblo argentino
que existe un sector del Poder
Judicial, que se autodenomina “la
familia judicial” y que continúa obstaculizando
el avance de las causas
por violaciones a los derechos humanos
y afectando la paz social. Por ello
es que resulta necesario erradicar
del Poder Judicial y especialmente
del juzgamiento de estos hechos a
aquellos magistrados que tienen los
comportamientos que en este escrito
denunciamos.